Lo ocurrido en San Antonio, Texas, donde 53 personas migrantes perdieron la vida, es una tragedia más ocasionada por las políticas migratorias inhumanas de los gobiernos de México y Estados Unidos.
Todos los días somos testigos de cómo la violencia, pobreza extrema, los desastres de origen natural y el empeoramiento de la crisis económica tras la pandemia de COVID-19, entre otras causas, obligan a miles de personas y sus familias a huir de sus países de origen.
Estas personas experimentan también una violencia terrible a lo largo de la ruta migratoria desde Panamá hasta México y a su llegada a Estados Unidos. Con políticas como el Título 42 que criminalizan la migración, sin vías seguras para migrar y con un sistema de asilo bloqueado, las personas desplazadas y sus familias no tienen otra opción más que ponerse a merced de las redes de tráfico o exponerse a situaciones de violencia recurrente, todo ello con graves consecuencias para su salud física y mental.
Los Gobiernos de México y Estados Unidos deben poner a las personas en el centro de las políticas migratorias y asegurar a las víctimas de violencia el acceso a la protección, la asistencia humanitaria y los servicios de salud para evitar que más vidas se pongan en riesgo.