En el último año, los equipos de la organización han brindado atención médica y humanitaria a las personas en movimiento que atraviesan el país en su camino hacia el norte del continente. La extensión de esta medida puede ayudar a aliviar el sufrimiento de estas poblaciones.
La crisis migratoria continúa en Honduras. Según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), en lo que va del 2023 más de 100,000 personas han ingresado de manera irregular al país en su camino hacia el norte del continente. Según Médicos Sin Fronteras (MSF), la mayoría de ellas llegan a este punto de la ruta con múltiples necesidades médicas y humanitarias que podrían agravarse en caso de que se restablezca la multa contemplada para quienes entran al territorio hondureño sin los documentos en regla. Por esa razón, la organización insta a las autoridades gubernamentales a ampliar la amnistía para este cobro.
En junio de 2022, debido a la concentración de grandes flujos migratorios en la frontera oriental, el Congreso Nacional de Honduras votó a favor de la aprobación de la amnistía para evitar el cobro de una multa a quienes ingresaran al país de manera irregular. Sin embargo, la vigencia de esta decisión se contempló para un año y vence el próximo 01 de junio. En caso de que no se extienda, las personas migrantes deberán pagar 4,782.66 lempiras (más de 200 dólares) para obtener el permiso especial de tránsito para cruzar el país.
El tiempo de espera para la gestión migratoria más el costo del trámite, generan gastos imprevistos que tienen graves consecuencias humanitarias. Entre estas se incluyen una reducción del presupuesto que se traduce en limitaciones para asegurar alimentación suficiente, alojamiento digno o pago de transporte que evite que las personas se vean obligadas a caminar durante largas jornadas. Además, la existencia de una multa obliga a las personas a transitar por rutas más inseguras con el fin de evadir al máximo esta obligación al no poder pagar esta.
“Debido a la multa, las personas con menos recursos económicos tienen que decidir entre cubrir sus necesidades básicas o pagar la multa migratoria. La entrada en vigencia de la amnistía les evitó un cobro que se salía de sus posibilidades. Si no se extiende esta medida, es probable que las personas busquen las rutas menos transitadas, aumentando así la probabilidad de ser víctimas de extorsiones, estafas y asaltos. Esto también les podría limitar el acceso a servicios médico-humanitarios, los cuáles se encuentran en inmediaciones de los INM o rutas oficiales”, señala Christoph Jankhöfer, coordinador del proyecto de MSF en Tegucigalpa.
En el transcurso de las actividades de MSF en puntos fronterizos como Danlí y Trojes, ha sido evidente la importancia de un acompañamiento médico y psicosocial para esta población. En 2022, MSF brindó más de 17,000 consultas médicas y 27,909 personas alcanzadas con los equipos de promoción de la salud y de salud mental. En estas intervenciones son frecuentes los relatos de violencia que incluyen asaltos, violaciones, secuestros y otras situaciones de riesgo durante la ruta. Además de esto, todavía no hay suficientes espacios para un hospedaje digno para las personas que atraviesan el país, viéndose obligadas a montar campamentos en las cercanías del INM, parques o las estaciones de autobuses.
“La reducción de las barreras de tránsito fue un gesto importante del gobierno para aliviar la situación de las personas migrantes que quieren atravesar Honduras en su camino hacia el norte del continente. Por eso, dado que los flujos migratorios continúan aumentando, desde Médicos Sin Fronteras instamos a las autoridades hondureñas a que se amplíe esta amnistía a la multa migratoria. También enfatizamos en que están en la obligación de garantizar condiciones dignas a las personas que se encuentran en tránsito para no deteriorar más su condición vulnerable”, concluye Jankhöfer.