En los últimos meses ha aumentado significativamente el número de nuevas admisiones y de consultas de salud mental en el Centro de Atención Integral (CAI) gestionado por Médicos Sin Fronteras (MSF) en Ciudad de México, que está especializado en pacientes que han sufrido violencia extrema. La subida se debe, respectivamente, a la continua violencia perpetrada por actores armados en México y la ruta centroamericana, y al impacto de la restrictiva política migratoria aplicada por Estados Unidos y otros gobiernos en la región. Ante el aumento de las necesidades, MSF insta a las entidades públicas y organizaciones no gubernamentales a fortalecer la asistencia a las personas en México que han sido víctimas de violencia y buscan seguridad.
En el primer trimestre de 2025, los equipos de MSF proporcionaron 485 consultas individuales de salud mental entre los pacientes del CAI, que son tanto migrantes en tránsito o atrapados en el país como ciudadanos mexicanos. Esto representó un 36% más que las que se llevaron a cabo entre octubre y diciembre de 2024, año en el que se realizaron entre 300 y 350 consultas individuales de salud mental de promedio en cada trimestre. Entre los cuadros que presentaban los pacientes predominaban el trastorno de estrés postraumático —casi la mitad de ellos (48%) —, y la depresión (39%), y también figuraban reacciones de estrés agudo (7%), duelo y ansiedad.
“Desde finales de enero nos hemos enfrentado a casos severos de salud mental debido, en gran parte, al impacto de la política migratoria restrictiva aplicada por Estados Unidos y otros gobiernos de la región”, afirma Joaquim Guinart, coordinador del Centro de Atención Integral.
Una serie de medidas ejecutivas adoptadas por el presidente estadounidense Donald Trump en enero incluyeron la declaración de emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos —militarizando en la práctica la aplicación de la ley migratoria— y la suspensión temporal de la admisión de personas refugiadas a Estados Unidos.
Incluso antes de la emisión de las órdenes ejecutivas, el nuevo gobierno actuó con rapidez para cerrar la aplicación CBP One que, a pesar de sus defectos, era la única forma de solicitar asilo en la frontera sur de Estados Unidos. El impacto de estas restricciones se ve agravado por los recortes de fondos a los programas humanitarios, que afectan gravemente el acceso a refugio y a las necesidades básicas de atención médica.
“Estos cambios abruptos han dejado a muchas personas atrapadas en un limbo legal, sin vías para solicitar asilo y sin acceso a servicios esenciales ni protección”, – denuncia Guinart.
Estas medidas combinadas erosionan aún más el acceso al asilo y aumentan los riesgos para los migrantes, en particular los niños y niñas y otros grupos vulnerables, ya que las personas se ven obligadas a utilizar rutas y métodos cada vez más peligrosos para buscar asilo o quedan atrapadas en lugares inseguros donde corren un mayor riesgo de secuestro, extorsión y violencia sexual.
En el CAI, que abrió sus puertas en 2016, equipos multidisciplinares de MSF atienden a sobrevivientes de violencia extrema y malos tratos: brindan atención médica, psicológica y fisioterapia, entre otros servicios, con el objetivo de que los pacientes recuperen su autonomía y funcionalidad. En 2024, dimos tratamiento a 186 pacientes de un total de casi 4,500 que fueron identificados por el personal de MSF como víctimas de violencia en rango moderado a severo a través de nuestros proyectos en varios puntos de atención en México o referidos por contrapartes. Tuvimos una cohorte de entre 30 y 50 pacientes simultáneamente, dado que los tratamientos son especializados y duran de tres a seis meses.
Aunque la mayoría de los pacientes son personas migrantes[1], desde finales de 2024 el centro ha puesto énfasis en captar a más pacientes mexicanos, personas que se hayan visto desplazadas o afectadas por la violencia que se registra en varias zonas del país. De esta manera, entre octubre y diciembre pasados se dio un importante repunte en el número de admisiones en el CAI, 64 en total, lo que significó un aumento de más del 50% sobre el promedio trimestral habitual, que oscila en 40.
“El objetivo es que los pacientes recuperen su funcionalidad y se reintegren en la sociedad. El CAI es un refugio para quienes son atravesados por la violencia: secuestros, extorsiones, malos tratos o violencia sexual afectan a muchas personas a lo largo de la ruta migratoria desde el sur del continente hasta la frontera norte con Estados Unidos y dentro de México”, – asegura Guinart.
“En el CAI nos encontramos con personas extremadamente vulnerables. Mujeres y menores constituyen el grueso de los pacientes[2]. También atendemos a muchas personas LGBTIQ+. La violencia deja profundas cicatrices; no solo por los daños físicos, sino también por los graves trastornos emocionales y mentales. Se requiere atención especializada. Los pacientes experimentan alteraciones en su percepción de la seguridad, la confianza y el bienestar”, prosigue Guinart.
Elena, una paciente que prefiere usar pseudónimo, dice: “No sabía si iba a poder volver a confiar en la gente. La violencia me hizo sentir que no era digna de amor ni de respeto”. A través de la terapia ha comenzado a recobrar la autoestima. “He aprendido que mi pasado no me define y que puedo construir un futuro mejor”, asegura. Otro paciente relata que “cada día es una lucha”. “La ansiedad me consume, pero aquí siento que tengo un espacio seguro para expresarme y sanar”.
“La dificultad para acceder a una atención adecuada hace que la recuperación para muchas personas afectadas por episodios de violencia extrema sea mucho más ardua”, afirma Henry Rodríguez, coordinador general de MSF en México. “En estos tiempos desafiantes de recortes en la ayuda humanitaria es fundamental reconocer la importancia de proporcionar un apoyo integral y cooperar entre entidades públicas y organizaciones no gubernamentales para encaminar a estas personas hacia los escasos servicios existentes”.
Trabajo de MSF en la región
Entre enero de 2024 y febrero de 2025, los equipos de MSF presentes en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá atendieron a casi 3,000 sobrevivientes de violencia sexual y realizaron más de 20,000 consultas individuales de salud mental, muchas de ellas precipitadas por la violencia, el desplazamiento y las dificultades en el proceso migratorio.
[1] Las principales nacionalidades de los pacientes son Venezuela, México, Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Colombia y Argentina. También hay ciudadanos extracontinentales de países de Asia y África.
[2] En 2024, las mujeres representaron el 60-70 % de las nuevas admisiones y los menores, el 20-25 %